La nueva normativa de registro de viajeros, ¿Sabes qué cambios te afectan?

Si trabajas en el sector hotelero o turístico, probablemente ya hayas escuchado hablar del Real Decreto 933/2021 (La nueva normativa de registro de viajeros). Y si no, no te preocupes, porque aquí te voy a explicar todo lo que necesitas saber de manera clara y sencilla. Esta normativa, que se centra en el registro de viajeros, ha puesto en alerta a muchos profesionales de la hostelería, desde grandes cadenas hoteleras hasta pequeños alojamientos turísticos.

En medio de los cambios que plantea la nueva normativa de registro de viajeros, es crucial que los profesionales del sector hotelero se mantengan actualizados y capacitados. En este sentido, desde Impulso06 ofrecemos una variedad de cursos gratuitos que pueden ayudarte a fortalecer tus habilidades en hostelería y turismo. Por ejemplo, puedes explorar el Curso gratis de Cocina Vegetariana en Restauración o el Curso gratis de Promoción y Venta de Servicios Turísticos. También contamos con formación específica, como el curso de Inglés en Restauración y el curso de Organización de Catering y Eventos, que te ayudarán a destacarte en un mercado en constante evolución. No pierdas la oportunidad de prepararte para los retos que vienen.

En esencia, esta nueva regulación nos obliga a recoger una serie de datos sobre los clientes que se alojen en nuestros establecimientos. Y también sobre aquellos que utilicen otros servicios turísticos, como el alquiler de coches o agencias de viajes. ¿El objetivo? Mejorar la seguridad y facilitar la trazabilidad de los turistas. Sin embargo, la manera en la que se pide que recojamos esta información ha generado mucha confusión y un montón de preguntas.

¿Por qué preocupa tanto La nueva normativa de registro de viajeros?

Para empezar, el sector hotelero ya ha expresado su desacuerdo. Dicen que implementar esta ley va a ser un auténtico «caos». ¿Por qué? Porque muchos de los datos que nos piden no son fáciles de obtener o, directamente, no aparecen en los documentos que los viajeros suelen llevar, como el DNI o el pasaporte. Por ejemplo, la normativa exige registrar datos como el número de teléfono móvil del cliente, su forma de pago o, incluso, su domicilio real. Estos datos no siempre están disponibles o son difíciles de verificar.

Imagina que un cliente llega a tu hotel y le pides su número de tarjeta de crédito para registrarlo, pero este dato no figura en ninguno de los documentos oficiales que trae. Además, según esta normativa, deberíamos remitir toda esta información a las autoridades de manera automática. El problema es que, en muchos casos, esto no es posible de hacer de forma automática, lo que nos obliga a recopilar y enviar los datos manualmente, aumentando la carga de trabajo y, claro, los errores.

Un ejemplo práctico: el caso del pequeño hotel

Pongamos que tienes un pequeño hotel con 10 habitaciones. Antes, solo necesitabas pedir el DNI o el pasaporte a los huéspedes y ya estaba todo listo. Ahora, además de eso, tendrás que recopilar más información. Supongamos que un huésped extranjero no lleva consigo su número de teléfono o que prefiere pagar en efectivo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos más detalles que quizá no quiere o no puede darnos? Además, si trabajas con un sistema de reservas automatizado, puede que no esté preparado para integrar todos estos nuevos datos, lo que implica hacerlo manualmente, con el riesgo añadido de cometer errores.

Este tipo de situaciones son las que han generado tanto revuelo entre los profesionales del sector. Y no solo los grandes hoteles están preocupados; los pequeños negocios, que son mayoría en el sector turístico, lo tienen aún más complicado por la carga administrativa que esto supone.

A lo largo de este artículo, vamos a analizar en profundidad los problemas que plantea, cómo afecta al día a día de los negocios turísticos y qué soluciones podemos encontrar.

Contexto legal: ¿Qué es el Real Decreto 933/2021 La nueva normativa de registro de viajeros?

El Real Decreto 933/2021, publicado el 26 de octubre, es una normativa que regula el registro de viajeros en España. Su principal objetivo es reforzar la seguridad mediante la recolección de datos más detallados sobre los turistas y usuarios de servicios turísticos. Esta normativa afecta directamente a varios subsectores del turismo, como hoteles, apartamentos turísticos, campings, coches de alquiler y plataformas de intermediación de servicios turísticos.

La idea principal detrás de esta ley es la de mejorar la trazabilidad de los viajeros que visitan España. Al recopilar información más exhaustiva, se busca facilitar el trabajo de las autoridades en caso de que surja la necesidad de investigar actividades sospechosas o mejorar el control de la seguridad en el país. Hasta aquí, todo parece razonable, ¿no? Sin embargo, la forma en que se pide que recojamos estos datos es lo que está generando tantos problemas.

Este Real Decreto implica que todos los alojamientos, desde grandes hoteles hasta pequeños hostales, deben ampliar la información que solicitan a sus clientes, mucho más allá de lo que tradicionalmente se pedía (como el DNI o el pasaporte). Y lo mismo aplica para otras empresas del sector turístico, como los coches de alquiler o las agencias de viajes, que también deben adaptarse a estos nuevos requisitos.

¿Qué datos exige La nueva normativa de registro de viajeros?

Hasta hace poco, cuando recibíamos a un huésped en un hotel o alquilábamos un coche, lo único que necesitábamos era su DNI o pasaporte. Estos documentos nos proporcionaban la información básica necesaria para identificar a la persona y registrar su estancia o el uso del servicio.

Pero con el Real Decreto 933/2021, esto ha cambiado. Ahora, se exigen más datos personales que van más allá de los documentos oficiales.

A continuación te detallo algunos de los datos adicionales que la normativa nos obliga a recopilar:

• Número de teléfono móvil. Antes no era obligatorio, pero ahora debemos solicitar el número de contacto del cliente.
• Dirección de residencia. Aunque este dato ya se podía pedir en algunos casos, ahora es obligatorio conocer la dirección real del viajero, algo que puede ser complicado de verificar si no figura en sus documentos.
• Forma de pago. La normativa pide que se informe sobre cómo ha pagado el cliente (tarjeta de crédito, efectivo, etc.). Este dato no es algo que se solía registrar para fines de seguridad.
• Número de tarjeta de crédito. Se debe pedir el número de la tarjeta con la que se ha realizado la transacción, aunque muchos clientes pueden mostrarse reticentes a compartir esta información.
• Información sobre el grupo o acompañantes. Si el viajero no está solo, es necesario recoger información de todos los acompañantes, algo que puede añadir mucha complejidad, sobre todo si son reservas grupales.

Estos nuevos datos suponen una ampliación significativa de la información que debemos gestionar. El problema es que muchos de estos datos no figuran en los documentos oficiales que normalmente nos entregan los clientes (como el DNI o el pasaporte). Esto significa que, en muchos casos, tendremos que pedirlos manualmente, lo que aumenta la carga de trabajo y también el riesgo de errores.

Además, la normativa exige que esta información se remita de forma automática a las autoridades, algo que, en la práctica, no siempre es fácil de implementar. Muchas pequeñas y medianas empresas no cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para gestionar este volumen de datos de manera automática, lo que añade aún más complejidad a la operativa diaria.

Reacciones del sector hotelero a la La nueva normativa de registro de viajeros

La llegada del Real Decreto 933/2021 ha generado una gran preocupación en el sector hotelero. Asociaciones como la CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) no han tardado en manifestar su desacuerdo con esta normativa, argumentando que su implementación será extremadamente complicada, sobre todo para los establecimientos más pequeños. Según la CEHAT, «existe una confusión generalizada con respecto a los datos que se deben recopilar y cómo hacerlo de manera efectiva».

Uno de los principales motivos de inquietud es que la normativa parece haber sido diseñada sin tener en cuenta la realidad operativa de los negocios turísticos. Muchos profesionales de la hostelería coinciden en que cumplir con las nuevas obligaciones será prácticamente imposible con los recursos actuales, lo que incrementará la carga de trabajo y generará más problemas que soluciones.

Además, el hecho de que las empresas turísticas deban enviar datos a las autoridades de manera automatizada, algo que no todos los negocios tienen la capacidad técnica de hacer, añade otra capa de dificultad. Esto significa que, en muchos casos, los datos deberán ser recogidos manualmente, lo que incrementa el riesgo de errores y, por tanto, de sanciones por incumplimiento.

Confusión generalizada

Una de las principales críticas que se ha hecho a la normativa es la falta de claridad sobre qué datos se deben recopilar y cómo debe hacerse. Según muchos hoteleros, la ley no especifica de manera precisa qué información es «exigible» y cuáles son los procedimientos exactos para su recopilación y envío.

¿Qué ocurre si un cliente no quiere facilitar su número de teléfono móvil o su dirección de residencia?

Por ejemplo, ¿qué ocurre si un cliente no quiere facilitar su número de teléfono móvil o su dirección de residencia? ¿Se le puede negar la entrada al alojamiento por no proporcionar esos datos? Este tipo de dudas no están bien resueltas en la normativa, lo que deja a muchos empresarios en una situación complicada, ya que podrían enfrentarse a sanciones si no cumplen con los requisitos, pero al mismo tiempo no tienen claro cómo cumplirlos de manera correcta.

Además, los hoteleros han señalado que la normativa pide datos que no están en los documentos oficiales que llevan los viajeros, como el número de tarjeta de crédito o la forma de pago. Esto no solo genera incomodidad entre los clientes, que podrían sentirse invadidos en su privacidad, sino que también complica el proceso de registro, ya que obliga al personal del hotel a gestionar esta información adicional, lo que aumenta los tiempos de espera y la carga de trabajo.

Sistemas tecnológicos adecuados para automatizar la recopilación y el envío de los datos.

Otro problema importante es que muchas empresas del sector no disponen de los sistemas tecnológicos adecuados para automatizar la recopilación y el envío de los datos. Esto significa que la información tendrá que ser registrada manualmente, lo que no solo es más lento, sino que también incrementa el riesgo de errores. Un pequeño fallo en la introducción de datos podría llevar a sanciones significativas, lo que añade más presión sobre el personal.

La CEHAT y otras organizaciones hoteleras han alertado que esta confusión puede derivar en una sobrecarga administrativa para muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que no tienen los recursos suficientes para implementar estas nuevas exigencias sin aumentar considerablemente sus costes operativos. Esto, a su vez, podría traducirse en pérdidas económicas y en una reducción de la competitividad del sector turístico español en comparación con otros países europeos.

En definitiva, el sector hotelero se enfrenta a un auténtico desafío con la entrada en vigor de esta normativa. A pesar de que el objetivo de mejorar la seguridad es comprensible, la falta de claridad y las exigencias poco realistas han generado una sensación de incertidumbre que está afectando a todo el sector.

Principales problemas que plantea La nueva normativa de registro de viajeros

Desde la publicación del Real Decreto 933/2021, el sector hotelero y turístico ha identificado una serie de problemas que dificultan su aplicación. A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad, esta normativa ha generado preocupación tanto a nivel operativo como legal. A continuación, desglosamos los problemas clave que afectan a las empresas turísticas.

Incompatibilidad con la normativa europea

Uno de los problemas más graves que presenta el Real Decreto 933/2021 es su incompatibilidad con la normativa europea sobre privacidad y protección de datos. Según la Sentencia C-817/19 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), las medidas de tratamiento masivo de datos personales deben respetar los principios de proporcionalidad y minimización. Sin embargo, esta normativa española exige la recopilación de una cantidad de datos considerable, muchos de los cuales no tienen una justificación clara o están más allá de lo que sería necesario para garantizar la seguridad.

Por ejemplo, la normativa obliga a los alojamientos y empresas turísticas a recoger información como la forma de pago y el número de tarjeta de crédito, lo que puede considerarse una injerencia innecesaria en la privacidad de los viajeros. Además, la Comisión Europea ha expresado sus dudas sobre la legalidad de estas medidas, sugiriendo que podría haber sanciones para España si no se ajusta a las normativas comunitarias. Esto crea un escenario de inseguridad jurídica tanto para los viajeros como para los establecimientos que deben cumplir con la ley.

Inseguridad jurídica

La inseguridad jurídica es otro de los problemas que más preocupa al sector. El Real Decreto 933/2021 es ambiguo en muchos aspectos, lo que deja a las empresas en una posición difícil. La normativa no define con precisión qué datos son realmente exigibles ni cómo deben recogerse y transmitirse. Esta falta de concreción puede dar lugar a diferentes interpretaciones y, por lo tanto, a posibles sanciones por incumplimiento.

Por ejemplo, si un cliente se niega a proporcionar algunos de los datos solicitados, como su número de teléfono móvil o su dirección, el hotel o empresa afectada puede no saber si está actuando correctamente al aceptar al cliente sin esa información. Esta incertidumbre genera preocupación en el sector, ya que un simple error administrativo podría resultar en multas importantes. Además, la normativa también ignora las complejidades operativas de muchas empresas, especialmente de aquellas que gestionan reservas y servicios de manera internacional.

Desventaja competitiva

Otro de los grandes problemas que plantea la nueva normativa es que pone a España en una clara desventaja competitiva con respecto a otros países europeos. Los destinos turísticos de países como Francia, Italia o Portugal no enfrentan las mismas restricciones en cuanto a la recopilación de datos de sus viajeros. Esto significa que, desde la perspectiva de un turista, puede resultar más sencillo y menos invasivo viajar a otros países de la Unión Europea.

Las plataformas internacionales de intermediación de servicios turísticos, como las agencias de viajes o los turoperadores, también han mostrado su preocupación. Estas empresas podrían optar por desviar sus operaciones a países con normativas más flexibles para evitar la complejidad y los riesgos que supone cumplir con las exigencias del Real Decreto 933/2021 en España. Esto, a largo plazo, podría reducir el número de turistas que eligen nuestro país como destino, afectando a uno de los sectores económicos más importantes.

Falta de adecuación tecnológica

El Real Decreto también enfrenta problemas relacionados con la falta de adecuación tecnológica. La normativa exige que las empresas turísticas implementen sistemas automatizados para la recopilación y el envío de los datos exigidos a las autoridades. Sin embargo, muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, no tienen acceso a esta infraestructura tecnológica.

La situación se complica aún más cuando hablamos de empresas que operan en diferentes comunidades autónomas, ya que la distribución de competencias en materia de seguridad en España genera que las herramientas de registro varíen en función del territorio. Esto implica que una cadena hotelera que opere en varias regiones puede verse obligada a utilizar diferentes sistemas para cumplir con la normativa, lo que añade más complejidad y costes a su gestión operativa.

Carga administrativa desproporcionada

Finalmente, el impacto de esta normativa es especialmente negativo para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el 95% del tejido empresarial en el sector turístico español. Implementar todos los requisitos del Real Decreto 933/2021 supone un aumento considerable en los costes operativos y una mayor complejidad administrativa que muchas pymes no están preparadas para asumir.

La necesidad de registrar manualmente los datos, en caso de no contar con la tecnología adecuada, incrementa la carga de trabajo para los empleados y el riesgo de errores. Además, los costes asociados a la implementación de nuevos sistemas y la contratación de personal especializado para gestionar el cumplimiento normativo puede suponer un obstáculo financiero importante para muchas empresas pequeñas, que ya están luchando por recuperarse tras los efectos de la pandemia.

Las complicaciones tecnológicas, la inseguridad jurídica y la carga administrativa desproporcionada son solo algunos de los retos que deberán enfrentar las empresas del sector para cumplir con esta normativa.

Consecuencias para el turismo en España

La implementación del Real Decreto 933/2021 La nueva normativa de registro de viajeros no solo afectará a las empresas turísticas y hoteleras, sino que también puede tener un impacto significativo en el turismo en general en España. A medida que las nuevas obligaciones de recopilación de datos comiencen a aplicarse, tanto el sector como los turistas podrían experimentar consecuencias directas que afecten a la competitividad del país como destino turístico. A continuación, analizamos algunos de estos efectos.

Impacto en la experiencia del viajero

Uno de los principales retos que plantea la nueva normativa es su efecto en la experiencia del viajero. La obligación de recopilar una mayor cantidad de datos personales, incluyendo información sensible como la forma de pago y el número de tarjeta de crédito, podría generar una sensación de invasión a la privacidad en los turistas.

Muchos viajeros podrían sentirse incómodos al ser requeridos para proporcionar más datos de los que normalmente se solicitan en otros destinos. La recogida de datos más intrusiva, junto con el proceso de registro más largo y complejo, puede afectar la percepción de los turistas sobre su estancia en España. En un mundo donde la privacidad es cada vez más valorada, los visitantes podrían optar por destinos que no les pidan este tipo de información adicional.

Además, el hecho de que la normativa obligue a registrar manualmente ciertos datos en algunos casos, aumenta el riesgo de errores administrativos. Un fallo en el procesamiento de la información del viajero podría dar lugar a problemas durante su estancia, como demoras en el check-in, lo que afectaría negativamente su experiencia. Estas molestias pueden traducirse en una menor satisfacción general y una menor probabilidad de que el turista recomiende España como destino.

Repercusiones a largo plazo para el sector turístico

Desde la perspectiva del sector, la implementación de la normativa tiene el potencial de generar repercusiones a largo plazo. En primer lugar, el aumento de la burocracia y las exigencias administrativas para cumplir con el Real Decreto 933/2021 podría disuadir a muchas pequeñas y medianas empresas de seguir operando. Las pymes, que constituyen la mayoría del tejido empresarial turístico en España, ya están luchando para mantenerse a flote en un entorno competitivo y cualquier nueva carga administrativa supone una amenaza para su viabilidad.

Sanciones por incumplimiento

Por otro lado, la posibilidad de sanciones por incumplimiento es una gran preocupación para muchas empresas del sector. La falta de claridad en la normativa, sumada a la complejidad de gestionar los datos solicitados, incrementa el riesgo de errores, lo que podría traducirse en multas significativas. Esta situación generará una sensación de inseguridad en los operadores turísticos, especialmente aquellos que no disponen de los recursos tecnológicos y humanos para garantizar un cumplimiento total de las obligaciones impuestas.

Pérdida de competitividad

Además, este incremento de la burocracia podría llevar a una pérdida de competitividad del sector turístico español frente a otros destinos europeos. Como mencionamos anteriormente, otros países de la Unión Europea no tienen normativas tan restrictivas en cuanto a la recopilación de datos de los viajeros. Si las empresas turísticas en España deben enfrentarse a una mayor carga administrativa y posibles sanciones, esto podría encarecer sus costes operativos, haciéndolas menos atractivas frente a sus competidores en otros destinos.

A largo plazo, esta situación podría hacer que España pierda su posición como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. La normativa, en lugar de fortalecer la seguridad en el turismo, podría acabar debilitando al sector, especialmente si no se revisa y ajusta para encontrar un equilibrio entre la protección de datos y las necesidades operativas de las empresas.

Es fundamental que se busquen soluciones que permitan cumplir con las nuevas exigencias sin comprometer la viabilidad del sector ni la satisfacción de los turistas.

Propuestas y alternativas del sector a la La nueva normativa de registro de viajeros

Ante la incertidumbre y los problemas que plantea la aplicación del Real Decreto 933/2021 La nueva normativa de registro de viajeros, el sector hotelero y turístico, liderado por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y otras asociaciones, ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas y alternativas para mitigar el impacto de esta normativa. Estas propuestas buscan equilibrar la seguridad y el control exigido por las autoridades con la viabilidad operativa de las empresas turísticas.

Simplificación y clarificación de la normativa

Una de las principales demandas del sector es la simplificación y clarificación de la normativa. CEHAT ha subrayado que la actual redacción del Real Decreto es demasiado vaga y genera confusión sobre qué datos deben ser recogidos, cómo deben ser almacenados y a quién deben ser remitidos. Proponen que el texto legal sea más específico, reduciendo la ambigüedad y delimitando con precisión qué información es realmente necesaria para garantizar la seguridad.

Además, sugieren que se alineen los requisitos con las normativas europeas de protección de datos, evitando duplicidades y conflictos que podrían dar lugar a sanciones por parte de la Unión Europea. De esta manera, las empresas turísticas tendrían un marco legal más claro y menos propenso a interpretaciones erróneas.

Reducción de los datos exigidos

Otra de las propuestas clave es la reducción de los datos personales que se exige a los viajeros. Las asociaciones argumentan que muchos de los datos que pide el Real Decreto, como los números de tarjetas de crédito o la forma de pago, no son esenciales para la identificación y control de los visitantes.

Proponen que se limite la recogida de información a los datos básicos y verificables, como el DNI o pasaporte, para facilitar el cumplimiento de la normativa y evitar complicaciones tanto para los viajeros como para los empleados de los establecimientos. Esta medida, según el sector, ayudaría a reducir el riesgo de errores y a mantener un balance adecuado entre seguridad y operatividad.

Mejora en la infraestructura tecnológica

CEHAT también ha insistido en la necesidad de una mejora en la infraestructura tecnológica que permita cumplir con las nuevas exigencias sin incrementar la carga operativa de las empresas. Proponen que se establezcan sistemas unificados y automatizados para la recolección y transmisión de datos en toda España, independientemente de la región o del tipo de establecimiento.

Esto no solo facilitaría el cumplimiento de la normativa, sino que reduciría la posibilidad de errores y permitiría una mayor eficiencia en la gestión de los datos. El sector destaca que, para implementar estos sistemas, es imprescindible una colaboración cercana entre las autoridades gubernamentales y las empresas tecnológicas especializadas en soluciones de gestión de datos.

Flexibilidad en la implementación para pymes

El sector turístico, compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas (pymes), ha propuesto una mayor flexibilidad en la implementación de la normativa para este tipo de empresas. Las pymes suelen tener menos recursos tanto tecnológicos como humanos, lo que dificulta la adopción rápida y efectiva de las nuevas exigencias.

Como solución, CEHAT sugiere que se otorgue un período de adaptación más amplio para estas empresas y que se ofrezca soporte en forma de subvenciones o formación especializada. De esta forma, las pymes podrían cumplir con la normativa sin ver comprometida su viabilidad económica, al mismo tiempo que se garantiza un correcto control del registro de viajeros.

Diálogo continuo entre el sector y las autoridades

Finalmente, CEHAT y otras organizaciones del sector insisten en la necesidad de establecer un diálogo continuo entre el sector turístico y las autoridades gubernamentales. Las asociaciones solicitan que cualquier cambio o actualización de la normativa se realice en consulta con las empresas afectadas, de modo que se puedan anticipar posibles problemas y encontrar soluciones prácticas antes de que las nuevas disposiciones entren en vigor.

El objetivo es crear una normativa que sea eficaz en términos de seguridad, pero que también sea realista y operativa para las empresas turísticas. El diálogo entre ambas partes permitiría diseñar un marco regulatorio más equilibrado, que favorezca tanto la protección de datos como la competitividad del sector turístico en España.

Estas medidas ayudarían a mitigar el impacto negativo de la normativa y facilitarían su implementación, asegurando que el sector pueda seguir operando de manera competitiva y eficiente.

Hacia una solución equilibrada

El Real Decreto 933/2021 La nueva normativa de registro de viajeros ha generado un gran debate en el sector turístico y hotelero de España, al plantear nuevas exigencias de registro de viajeros que han suscitado dudas y preocupaciones tanto por su complejidad como por su falta de claridad. A lo largo del artículo, hemos analizado las principales implicaciones de esta normativa, las reacciones del sector y las propuestas de solución que han planteado asociaciones como CEHAT para mitigar sus efectos.

Necesidad de encontrar un equilibrio

Uno de los puntos clave es la necesidad de encontrar un equilibrio entre la seguridad y la protección de datos, y la viabilidad operativa de las empresas turísticas. Aunque es esencial garantizar que los datos de los viajeros se gestionen de manera responsable y en línea con las normativas europeas, también es crucial que las exigencias impuestas no se conviertan en una barrera para la actividad diaria de miles de empresas, especialmente las pequeñas y medianas (pymes) que forman la columna vertebral del sector en España.

Las propuestas planteadas por el sector, como la reducción de los datos requeridos, la mejora de la infraestructura tecnológica y la flexibilidad en la implementación para las pymes, muestran un camino hacia una normativa más eficiente y ajustada a la realidad operativa de las empresas. Estas soluciones, si se implementan adecuadamente, pueden permitir que la normativa cumpla su objetivo sin perjudicar la competitividad del turismo en España.

La normativa debe ser no solo clara y precisa, sino también justa y viable

En última instancia, la normativa debe ser no solo clara y precisa, sino también justa y viable para quienes deben cumplirla. Es fundamental que se sigan fomentando espacios de diálogo entre las autoridades y el sector, para que las normativas no se conviertan en una carga desproporcionada, sino en una herramienta que garantice tanto la seguridad como el buen funcionamiento del turismo en el país.

Si se logra este equilibrio, el turismo en España no solo podrá continuar siendo un pilar económico clave, sino que además, será capaz de adaptarse a los desafíos de un mundo cada vez más preocupado por la protección de los datos personales, sin dejar de ofrecer una experiencia atractiva y competitiva para los millones de viajeros que eligen este destino cada año.